Piers Desser, nuestro socio especializado en litigios penales, escribe para Lexis Nexis sobre los aspectos clave que deben tener en cuenta las empresas del CCG a la luz del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Fecha: 15 de marzo de 2022
La reciente imposición de sanciones sin precedentes contra Rusia, tras su invasión de Ucrania, ha generado tensiones económicas a nivel mundial y plantea consideraciones importantes para aquellas multinacionales y particulares que deseen evitar exponerse al riesgo de posibles litigios derivados de ello.
Entre la serie de sanciones se incluye la prohibición por parte de EE. UU. de todas las importaciones de petróleo y gas rusos, y el Reino Unido se ha comprometido a eliminar progresivamente las importaciones de petróleo ruso para finales de 2022. Alemania ha suspendido la autorización para la puesta en marcha del gasoducto Nord Stream 2 procedente de Rusia, y algunos bancos rusos también serán excluidos del sistema internacional de mensajes financieros SWIFT. Los efectos de esta compleja red de restricciones afectarán de manera sustancial a la economía mundial.
Es un hecho que el Kremlin reaccionará ante estas imposiciones con medidas de represalia, cuyo alcance aún está por ver. Las empresas que tienen inversiones en Rusia deben estar al tanto de estas cuestiones para protegerse de costosos litigios.
Una consideración fundamental para cualquier acuerdo sería garantizar una vía de acceso al arbitraje internacional. En la situación actual, los inversores pueden mostrarse reticentes a hacer valer sus derechos contractuales frente al Estado ruso o a una entidad dependiente del mismo ante los tribunales rusos. Para recurrir al arbitraje internacional en este contexto, las empresas deberán plantearse cómo demostrarán, en una fase posterior, el consentimiento de Rusia para llevar el asunto ante un foro internacional. Una cláusula redactada adecuadamente resolvería esta cuestión.
Los tratados bilaterales de inversión (TBI) también ofrecen vías de resolución. Desde 2015 está en vigor un tratado de este tipo entre Rusia y Baréin, y desde 2013 con los Emiratos Árabes Unidos. El Tratado de la Carta de la Energía (TCE) es un acuerdo internacional que establece un marco multilateral para la cooperación en el sector energético. Este también puede utilizarse para resolver arbitrajes internacionales, y entre sus países miembros se encuentran Kuwait, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Catar, Baréin y Yemen.
Sin embargo, incluso en asuntos en los que, técnicamente, pueden aplicarse métodos de resolución de controversias —como los TBI y el TCE—, no hay mejor manera de mejorar las perspectivas de éxito de un arbitraje que abordar los acuerdos contractuales teniendo en cuenta una vía clara hacia la resolución de controversias en múltiples jurisdicciones.
Este artículo ha sido escrito por Piers Desser, socio, y publicado por Lexis Middle East en lexismiddleeast.com
