En este artículo, nos adentramos en la apremiante cuestión de si la clase social debe reconocerse como característica protegida. A continuación, examinaremos el panorama jurídico actual y exploraremos las posibles repercusiones de ampliar la protección a la clase social.
El panorama jurídico actual
La Ley de Igualdad de 2010 (EqA, por sus siglas en inglés) sirve de fortaleza jurídica, protegiendo a las personas de la discriminación laboral y social basada en nueve características protegidas: edad, discapacidad, cambio de sexo, matrimonio y unión civil, embarazo y maternidad, raza, religión o convicciones, sexo y orientación sexual.
La EqA va más allá al abarcar la asociación y la percepción. Esto significa que la protección va más allá de la posesión personal de una característica: incluye a quienes la perciben o están asociados a ella. Este enfoque expansivo ofrece una mayor protección contra la discriminación en diversos aspectos de la vida.
Abordar la clase social: ¿Una pieza que falta?
Según la Ley de Igualdad, la clase social no es una característica protegida. En el Reino Unido, la desigualdad social en el lugar de trabajo es enorme. Apenas el 7% asiste a colegios independientes de pago, y sin embargo el 71% de los altos mandos militares, el 75% de los jueces, el 51% de los periodistas y el 61% de los médicos proceden de esos entornos educativos. Reflexione sobre esto: Dos bebés nacidos el mismo día, en el mismo hospital, pero destinados a vidas muy diferentes debido a las circunstancias de sus padres. Uno va a un piso de protección oficial y el otro a una mansión. A partir de ahí, con demasiada frecuencia, el camino de la vida está predefinido.
Si a ello se añade la carga de unas tasas universitarias exorbitantes y la crisis del coste de la vida, los obstáculos para quienes proceden de la clase trabajadora se disparan. Las becas son escasas y apenas hacen mella en la búsqueda de la movilidad social.
Un llamamiento al cambio
En 2020, el Congreso de Sindicatos (TUC) alzó la voz, abogando por que la clase social fuera reconocida como la décima característica protegida dentro de la Ley de Igualdad. ¿La aspiración? Fomentar un entorno de trabajo más inclusivo para aquellos cuyas funciones están relacionadas con su clase social. A la hora de elegir un lugar de trabajo, la igualdad y la diversidad son primordiales. Si la paridad en el lugar de trabajo se ve socavada por acciones vinculadas a la clase social, surge un dilema.
Chipre e India ya han establecido restricciones constitucionales a la discriminación basada en la clase social, lo que arroja luz sobre un posible retraso del Reino Unido en este ámbito. Esto nos lleva a considerar si ha llegado el momento de que el Reino Unido salve esta distancia y se alinee con los avances mundiales hacia la igualdad social.
Discriminación indirecta
Desentrañar las capas de la discriminación indirecta desvela un escenario complejo. Se produce cuando un empresario aplica una disposición, criterio o práctica (PCP) aplicable a todos, incluidos aquellos con características protegidas. Sin embargo, esta PCP perjudica de forma desproporcionada a las personas con dichas características, colocándolas en una situación de especial desventaja. Cuando se produce este desequilibrio y la PCP no se considera proporcionada para alcanzar un objetivo legítimo, se produce un caso de discriminación indirecta.
Examinar el escenario
Consideremos un caso en el que se establece el requisito de haber asistido a una universidad del Grupo Russell. Este criterio, aparentemente inocuo, podría perjudicar a las personas de clase trabajadora, tanto individualmente como en grupo. Naturalmente, los empresarios buscan a los candidatos más cualificados. Es probable que éste sea su objetivo legítimo. Sin embargo, cuando el despido o la denegación de empleo se basan en los estudios universitarios cursados o incluso en el acento, la carga de la prueba cambia. Demostrar la proporcionalidad con un objetivo legítimo se convierte en un reto para el empresario. Dados los obstáculos que tienen que superar las personas procedentes de la clase trabajadora para obtener una cualificación, esto puede plantear un terreno fértil para los litigios si la clase social se convierte en una característica protegida.
La búsqueda del "bienestar integral
En el ámbito de la contratación, la búsqueda de completo candidatos es habitual. Esto suele traducirse en la búsqueda de candidatos con experiencias diversas, que posiblemente incluyan años sabáticos o viajes. Pero el problema es el siguiente: estas expectativas pueden perjudicar a las personas de clase trabajadora. Permitirse un año sabático o viajar mucho puede estar fuera del alcance económico de muchos, lo que les hace parecer "menos completos" únicamente por su estatus socioeconómico.
Acoso: Más allá del lugar de trabajo
Fuera del lugar de trabajo, resuenan los ecos de la discriminación de clase social. Los estadios de fútbol, microcosmos de la sociedad, son testigos de esta realidad. Cánticos como "alimentar a los escoceses" y "firma, firma, nunca conseguirás trabajo" resuenan entre los aficionados del Liverpool. Estas burlas se remontan a la década de 1980, una época de desempleo rampante en Liverpool. Los cánticos aluden sutilmente a la pobreza y reflejan un problema social más profundo.
Teniendo en cuenta las recientes detenciones por tragedia cánticos de los hinchas del Chelsea sobre Hillsborough, uno se pregunta: ¿No debería ampliarse el alcance para incluir la burla de la clase trabajadora o la pobreza? Sobre todo en tiempos de crisis del coste de la vida, parece primordial fomentar el respeto y la empatía en el discurso público.
El lenguaje cotidiano ejerce un poder que a menudo refuerza involuntariamente las divisiones sociales. Términos como "Chav," "Toff," "bin dippers," o incluso "bog standard comprehensive" se dirigen a las personas únicamente por su origen socioeconómico. Esta disparidad lingüística pone de relieve la importancia de reconocer y desmantelar los estereotipos que forman parte de nuestro léxico.
Definición de clase social: Un rompecabezas jurídico
Grabar la clase social en un marco jurídico es descifrar el intrincado tapiz de la sociedad. Los sociólogos la definen como la clasificación de los individuos en función de su ocupación, en la que los médicos, abogados y profesores universitarios gozan de mayor estatus que los trabajadores no cualificados. Dentro de estos roles residen el poder, la influencia y la riqueza, cada uno de los cuales marca distintas posiciones sociales.
Los empleadores suelen buscar personas con elocuencia y educación privada, ya sea por medios directos o indirectos. El estatus socioeconómico de un individuo, mezcla de factores como la renta familiar, el nivel educativo, el prestigio de la ocupación y el lugar de residencia, desempeña un papel fundamental en la definición de su clase social.
Sin embargo, la clase social no siempre es inmediatamente perceptible. El laberinto de sus complejidades puede confundir a los legisladores encargados de definirla. Pensemos en ello: ¿Debe protegerse a alguien que en su día estuvo en desventaja socioeconómica, pero que ahora se encuentra en un terreno más firme? Los difusos límites de la clase social exigen introspección.
Elaborar un marco jurídico
Aunque la vaguedad de la clase social plantea problemas, el caso de Grainger Plc v Nicholson [2010] ICR 360, EATofrece un rayo de esperanza. Este precedente pone de manifiesto la capacidad de los tribunales para tejer marcos jurídicos para conceptos intrínsecamente intrincados. Lo mismo podría decirse de la condición de empleado, donde la jurisprudencia en materia de horas extraordinarias ha definido lo que constituye un empleado utilizando una serie de factores.
En busca de la claridad
Definir la clase social dentro de un andamiaje jurídico exige claridad. Abogo por tener en cuenta los bajos ingresos, la riqueza limitada, la privación material, la privación de zona e incluso los antecedentes profesionales de los padres de un empleado durante su adolescencia. Estas categorías mensurables podrían sentar las bases de un marco coherente, que entreteja los matices de la clase social en el tejido de la Ley de Igualdad y permita que la jurisprudencia evolucione con el tiempo.
En el ámbito del Derecho laboral
En el ámbito de la legislación laboral, persiste una laguna importante. En la actualidad, la protección de la clase social en los lugares de trabajo sigue siendo un objetivo opcional. Clasismo es irresponsable, ya que no se reconoce como un concepto procesable.
En la actualidad, los empresarios tienen el poder de discriminar sin ramificaciones legales. Piense en esto: Seleccionar a los candidatos en función de la universidad a la que asistieron, como favorecer a los licenciados del Russell Group, reduce intrínsecamente las oportunidades para los de clases sociales más bajas. Es probable que esto limite la movilidad social.
Barreras invisibles
La disparidad es flagrante, sobre todo en ámbitos como los bufetes de abogados. Las personas de clase trabajadora y las procedentes de entornos económicamente desfavorecidos están notablemente infrarrepresentadas. ¿Puede considerarse discriminatorio? Mi opinión es que sí. A menudo, la clase social determina silenciosamente las trayectorias profesionales, provocando desequilibrios.
La imposibilidad de ascender a puestos directivos a pesar de los grandes esfuerzos aumenta la brecha entre los empleados de clase baja y los de clase media. Para salvar esta brecha, los lugares de trabajo deben fomentar una cultura de reconocimiento que aborde las repercusiones que puede tener la clase social.
Una visión del cambio
¿Por qué no cambiar el punto de vista hacia una evaluación holística durante la contratación? Me vienen a la mente casos de "contratación a ciegas", en la que las solicitudes se examinan sin identificadores personales, centrándose únicamente en las aptitudes y atributos. Si la clase social fuera una característica protegida por la Ley de Igualdad, se allanaría el camino a políticas más justas que fomentarían la inclusión. Esta transformación catalizaría una oleada de responsables de contratación concienciados.
Un llamamiento a la inclusión
Mientras que otras características protegidas pueden solaparse, la clase social puede estar claramente sola en los debates sobre discriminación. Esto justifica su posición única dentro de la Ley de Igualdad.
Imagínese que la clase social encontrara protección en la Ley de Igualdad. ¿Cuál sería el resultado? Una mano de obra más inclusiva, meritocrática y socialmente móvil. Esta transformación también tiene su recompensa para los empresarios: una mano de obra que se atreve a soñar, un conjunto diverso de ideas, decisiones de dirección con una perspectiva más amplia y un impacto positivo en su clientela.
En el tapiz de la ley y la equidad, la introducción de la clase social como salvaguardia podría tejer un tejido de inclusividad sin precedentes. Una ley con el poder de elevar los lugares de trabajo, la sociedad y las aspiraciones de los individuos que buscan elevarse por encima de los confines de las circunstancias.
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